Artículo 34.- Del derecho a la inviolabilidad de los recintos privados

Todo recinto privado es inviolable. Sólo podrán ser allanados o clausurados por orden judicial y

con sujeción a la ley. Excepcionalmente podrán serlo, además, en caso de flagrante delito o

para impedir su inminente perpetración, o para evitar daños a la persona o a la propiedad.